Según noticias en la prensa económica (por ejemplo, en Expansión.com: http://tinyurl.com/bnpt96p), la titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz acordó el pasado 31 de octubre la destitución en bloque de la administración concursal del Grupo Jale por por la percepción de una retribución superior a la acordada en su momento por la propia juez.
Aparentemente, la administración concursal habría percibido el doble de la cuantía autorizada por la jueza y, pese al requerimiento judicial oportuno, no habría procedido a la devolución de las cantidades percibidas indebidamente. En concreto, según noticias especializadas del sector inmobiliario "[e]n sendos autos dictados el 10 de julio de 2008 y el 29 de enero de 2010, el juzgado autorizaba al abogado [...], al economista [...] y al auditor [...], en representación del administrador concursal acreedor Banesto, a percibir en concepto de retribución provisional por el desarrollo de la fase común la suma total de 2.109.486 euros, permitiendo el cobro del 50 por ciento con cargo a la masa activa. Los administradores, sin embargo, percibieron 4.487.874 euros" (véase http://www.realestatepress.es/MostrarNoticia.asp?M=0&Id=17269). Aparentemente, pese a conocer los hechos con anterioridad, la jueza habría decidido esperar hasta la conclusión de la fase común para el cese de los administradores concursales, al entender que este es el momento en que se genera un menor perjuicio para la tramitación concursal. En caso de ser así, la situación pone de manifiesto algunos problemas preocupantes.
En primer lugar, y quizá con una entidad menor (pero gran trascendencia práctica), llama la atención la lentitud del Registro Público de Resoluciones Concursales (https://www.publicidadconcursal.es/), en el que hoy (10 días después de dictarse la resolución, según información en prensa), los administradores concursales siguen constando como nombrados y con cargo en vigor, y en el que no es posible acceder a una copia del auto por el que se les cesa. Teniendo en cuenta la importancia dada por la reciente reforma concursal a la publicidad a través de este registro, su ineficaz funcionamiento debe preocuparnos.
En segundo lugar, y como cuestión de fondo, quizá sea necesaria una revisión de la normativa concursal para imponer, en casos como este (si es que los hechos descritos por la prensa económica se confirman), un deber expreso de cese incondicional y traslado inmediato de diligencias a la fiscalía para la correspondiente investigación cuando el juez de lo mercantil aprecie la existencia de suficientes indicios de comisión de posibles delitos de insolvencia punible (art 259 CP) o, cuanto menos, de apropiación indebida (art 252 CP). Esta situación parece exceder con mucho el régimen de nombramiento y cese de administradores concursales previsto actualmente en la LC y los jueces de lo mercantil parecen contar con una discrecionalidad excesiva para determinar el momento en que la posible comisión de delitos requiere la separación de los administradores concursales y, sobre todo, la promoción de actuaciones penales.
Por último, y aunque suponga (re)abrir un melón cuidadosamente esquivado por la reforma concursal, el sistema de retribución de administradores concursales merece una revisión en profundidad porque parece claro que genera claros incentivos perversos y que es susceptible de abuso. En este mismo sentido, parece necesaria una aplicación dura y efectiva de la normativa penal y disciplinaria frente a aquellos administradores concursales que persigan remuneraciones excesivas y, en definitiva, una mayor racionalidad y control en el sistema de retribución de estos profesionales--en el que la supresión del criterio del volumen de la masa pasiva para la determinación de la cuantía del arancel de los administradores concursales es una necesidad más que urgente.