Tras el escándalo y el revuelo que se está levantando en torno a la presunta apropiación indebida de fondos y otras posibles irregularidades de gestión en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), los partidos políticos no han tardado en tratar de dar un golpe de efecto y hacer un guiño populista al proponer y apoyar de forma prácticamente unánime la supresión del sistema de remuneración por copia privada (más conocido como canon digital) previsto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (veáse, por ejemplo, la noticia en El País: http://www.elpais.com/articulo/cultura/Congreso/vota/unanimemente/supresion/canon/digital/elpepicul/20110713elpepicul_3/Tes).
Sin embargo, se trata de una medida que, por muy deseada que pueda ser para parte los internautas u otros grupos de interés, y sin dejar de tener claro que es un sistema que tiene sus imperfecciones (aunque también presenta claras ventajas, como pusimos de manifiesto en "Principles for Benchmarking Potentially Alternative Systems of Private Copy Compensation" (2007): http://ssrn.com/abstract=1885127), podría generar importantes efectos indeseados y, en definitiva, sería demasiado drástica.
No se puede desconocer que la remuneración por copia privada, al igual que los demás derechos de propiedad intelectual de contenido económico, es un importante mecanismo de estímulo de la actividad creativa y, en general, de la economía basada en el conocimiento y la información (como también pusimos de manifiesto en "Economic Analysis of Private Copy Remuneration" (2007): http://ssrn.com/abstract=1885107).
Parece claro que el sistema de remuneración de los creadores--el contenido económico de los derechos de propiedad intelectual--requiere una reorientación y una reflexión profunda y crítica que permita adoptar un sistema novedoso y que trate de alcanzar el difícil equilibrio entre, por una parte, facilitar el acceso a los contenidos y el permanente desarrollo de la sociedad de la información, web 2.0 o 3.0, etc. y, por otra parte, garantizar los derechos de los creadores y la posibilidad de obtener un retorno justo por los esfuerzos y medios invertidos en la creación y producción de materiales audiovisuales y, en general, de obras artísticas.
El debate es necesario y no se agota con votaciones hechas al calor de los acontecimientos. Por tanto, es importante que, ahora que se están cerrando programas para las elecciones generales, se le dé la importancia que merece y se oriente la discusión a la búsqueda de un sistema nuevo y que pueda ser aceptado por todos, pero sin mermar las garantías de nuestro Ordenamiento jurídico para con la propiedad intelectual, ni los incentivos para este tipo de actividades de potencial y alto valor añadido.